Bruselas censura legalizar el robo de agua en el parque español de Doñana

 Bruselas censura legalizar el robo de agua en el parque español de Doñana

España se enfrenta a multas millonarias de Bruselas si no aborda el problema de sobreexplotación en el Parque Natural de Doñana, donde las autoridades regionales persiguen legalizar los regadíos ilegales.
«La Comisión desea obtener aclaraciones de las autoridades españolas sobre esta propuesta y ya ha advertido de que está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados», indicó en una reciente respuesta parlamentaria el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius.
El Ejecutivo comunitario vigila a España por la situación del humedal de Doñana desde el año 2014, cuando abrió un expediente contra el país por las extracciones ilegales de agua del acuífero que alimenta a este espacio protegido.
Posteriormente, en verano de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia condenatoria donde responsabilizó a las autoridades españolas del deterioro del parque y les instó a tomar medidas.
Todo esto choca contra la reciente intención del Gobierno de la región de Andalucía, donde se encuentra Doñana, de legalizar los regadíos clandestinos que tanto afectan al entorno natural.

La Comisión está «muy preocupada» por las posibles repercusiones que podría tener esta legislación en caso de aprobarse, ya que impediría la correcta ejecución de la sentencia europea, y no descarta adoptar medidas legales para frenarla.
La respuesta europea
El comisario europeo de Medio Ambiente se pronunció así tras recibir una pregunta de varios eurodiputados socialistas sobre el plan para «legalizar cientos de hectáreas agrícolas con derechos de agua», presentado en el Parlamento de Andalucía por los partidos que forman el Gobierno regional.
Bruselas considera que España «debe abordar las causas del deterioro de los hábitats naturales en el entorno de Doñana» así como «asegurar el pleno cumplimiento» de la Directiva comunitaria sobre el agua y los hábitats.
Cabe destacar que la primera sentencia del TJUE, pese a ser condenatoria, no incluía ninguna sanción para España. Si la Comisión ve que el problema continúa, podría decidir denunciar de nuevo, esta vez exigiendo una multa.

Mientras, en Andalucía comenzó a tramitarse la ley en cuestión, que afecta a 1.605 hectáreas de cultivo de fresas ubicados en el entorno de Doñana.
En esta zona persiste desde hace décadas la extracción ilegal de las aguas que nutren al parque natural, que el propio Gobierno de España declaró como sobreexplotado.
Desde el Gobierno de la región, no obstante, siguen negando que quieran ampliar los regadíos de Doñana y prometen «protección máxima» para este espacio protegido.
«El parque de Doñana es la joya de la corona de la estrategia medioambiental de Andalucía y lo vamos a conservar siempre. Es falso, no se van a ampliar los regadíos en la zona», afirmó recientemente el consejero de la Presidencia de Andalucía del conservador Partido Popular (PP), Elías Bendodo.

Preocupa a científicos y supermercados
Estas palabras no tranquilizaron a los activistas que llevan años denunciando la situación de desprotección del parque de Doñana, ni tampoco a los científicos que se dedican a la conservación del medio en España.
Así lo hicieron público el pasado 25 de marzo a través de un manifiesto suscrito por más de 1.000 investigadores de 25 sociedades científicas en España.
En el documento, los profesionales del ámbito científico en España calificaron de «alarmante» el grado de deterioro global de Doñana, donde los niveles de explotación de los recursos hídricos son «insostenibles» y «comprometen gravemente este singular ecosistema».
Cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno del parque, así como la legalización de las explotaciones de fresas, constituye una «amenaza que desoye las voces de alarma que la comunidad científica viene manifestando».

A la petición científica se sumó un aliado inesperado: 23 cadenas de supermercados europeos como los alemanes Lidl y Aldi, los británicos Tesco y Sainsbury, y otros como Coop y Spar pidieron por carta al presidente de Andalucía que paralice su plan.
Estas empresas, que se abastecen de fresas y frutos rojos procedentes de Doñana, mostraron su inquietud por la legislación anunciada así como su compromiso de garantizar que los productos que venden «se fabrican de manera sostenible».
«Nos preocupa que los cambios propuestos socaven este objetivo y pongan en peligro el Parque Nacional de Doñana», indicaron en su carta, remitida también al Gobierno español.
La disconformidad que llega desde Europa apunta a que España se ve obligada a dar cumplimiento de la sentencia europea si quiere evitar sanciones. El problema es la nueva ley que promete Andalucía se encamina en la dirección opuesta.

 

Grupo Metro

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