El robo de cobre: un delito que crece y una legislación insuficiente en Chile

 El robo de cobre: un delito que crece y una legislación insuficiente en Chile

Una banda delictiva sustrajo, a comienzos de enero, 12 contendedores que contenían placas de cobre por un valor de 4,4 millones de dólares, que iban a ser exportadas a China desde el puerto de San Antonio, en Valparaíso (centro). Sputnik conversó con el senador Esteban Velásquez para conocer más sobre este delito que va en aumento en el país.
Los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda de la Federación Regionalista Verde Social (centroizquierda) presentaron a finales de noviembre de 2022 un proyecto de ley para potenciar la persecución del robo subproductos del cobre.
Entre 2018 y 2021 fueron robados 308.897 kilos del metal rojo, según datos de la Policía de Investigaciones. La investigadora Pilar Lizana, del centro de estudios en asuntos de seguridad de AthenaLab, analizó el impacto de esta modalidad delictiva en el documento La economía ilegal del cobre.
«El robo de cobre se materializa en forma de cátodos, concentrado y cables», aclara Lizana en su investigación. Al producirse el robo de cables, «se afecta adicionalmente la infraestructura crítica por donde se transmite la energía y las telecomunicaciones. Los dos primeros impactan a un sector económico que realiza una contribución fundamental al desarrollo nacional», indica.

El robo de cobre «viene sucediendo desde hace varios años, pero en el último tiempo se incrementó», señaló Velásquez a Sputnik. Afirmó que las bandas que van detrás del metal rojo son organizaciones especializadas en este tipo de delitos y que cuentan con un gran nivel de fuego.
El parlamentario, integrante permanente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, explicó que estos delitos los llevan a cabo asaltando medios de transporte de este metal, como el ferrocarril o camiones, o simplemente cortando kilómetros de cable, lo cual genera un deterioro en la infraestructura.
El daño del robo de subproductos de cobre para el país
Para Velásquez, a pesar de que el robo de subproductos del cobre aún es mínimo, es un delito que va en aumento.
«Hoy podríamos hablar de un robo hormiga. No obstante, es un modus operandi que se ha mantenido en el último tiempo. Esto es lo que nos preocupó porque robar vagones de cobre no es para guardarlo en cualquier lugar, en cualquier barrio con población, en cualquier container».
El senador explicó que las bandas criminales necesitan una «cadena productiva delictiva» y es ahí donde las autoridades han prestado mayor atención, ya que el material robado «sale por puertos chilenos, donde ahí está la Aduana revisando, escaneando o bien salen por los distintos pasos ilegales, fundamentalmente del norte, hacia Bolivia y Perú».

El precio de la libra de cobre llegó a cuatro dólares, un aumento significativo durante las últimas semanas, lo que aumentaría los ingresos fiscales adicionales por hasta 800 millones de dólares para el 2023. No obstante, Velásquez considera que el aumento del valor del metal rojo no está relacionado con el alza de los delitos, sino con la multiplicidad de usos para el cobre.
«Para cualquier tipo de empresa medioambiental, de producción, de bienes de consumo, se va a requerir de cobre, de litio. Entonces creo que ese principal apetito de saber que siempre será un buen producto, va a ser bien recibido por aquellos que están desarrollando el contrabando y que sin duda tienen buenos clientes en distintos lugares, muy lejos de acá, de Sudamérica», analizó.
La urgencia de una nueva legislación
La normativa ingresada por los senadores Velásquez y Sepúlveda pretende tipificar el delito de robo de subproductos del cobre y habilitar el uso de algunas técnicas distintas de investigación para poder prevenir estos hechos.
«Lo que estamos intentando es crear un nuevo tipo penal asociado al robo de cobre y tener la facultad de ocupar la técnica especial de investigaciones en nuestro objeto del proyecto», explicó Velásquez a Sputnik.

El senador remarcó que insistirán en la discusión del proyecto desde el comienzo del período legislativo en marzo de 2023. El parlamentario espera que el Poder Ejecutivo patrocine la normativa y que no «desperdicie» el tiempo en coordinaciones y acuerdos, «porque ese es el talón de Aquiles del Gobierno», que «no mira los buenos instrumentos, que en algunos casos estamos sumando en las comisiones».
Si el Gobierno de Boric patrocina el proyecto de Velásquez y Sepúlveda y le pusiera suma urgencia, los trámites al interior del Congreso serían expeditos y con plazos definidos, puesto que la moción deberá ser conocida y despachada por la Cámara de Senadores en el plazo de 15 días.
Velásquez espera que el proyecto sea aprobado con celeridad, ya que para financiar cualquier derecho social se necesitan recursos: «Bien sabemos que el cobre es el sueldo de Chile».

Grupo Metro

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